Per saltum en la reforma laboral: 5 debilidades que complican la estrategia del Gobierno

El recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) presentado por el Estado Nacional contra la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral exhibe una serie de errores, debilidades y desafíos procesales que ponen en duda su eficacia como vía excepcional ante la Corte Suprema.

Reforma laboral: 5 obstáculos que complican la estrategia del Gobierno

Uno de los puntos más sensibles es el incumplimiento del requisito de ser el “único remedio eficaz”, tal como exige el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, según fuentes consultadas por Mundo Gremial. El propio Gobierno reconoce que existe un recurso de queja pendiente vinculado al efecto devolutivo de la apelación ordinaria. La coexistencia de otras vías procesales activas debilita el argumento de que el per saltum sea la única herramienta disponible para evitar un perjuicio irreparable.

A esto se suma un conflicto de competencia que introduce una contradicción estratégica. El Estado sostiene que el fuero laboral es incompetente y que la causa debe tramitar en el ámbito contencioso administrativo federal. Sin embargo, en paralelo ya promovió una inhibitoria ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, ya recurrida por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta doble vía —litigar la competencia mientras se pide una resolución directa de la Corte— tensiona la lógica del per saltum, que apunta a una solución rápida y definitiva.

Otro aspecto controvertido es el impacto sobre la garantía de la doble instancia. El uso del per saltum implica eludir la revisión de la Cámara de Apelaciones, lo que podría entrar en conflicto con estándares reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde el plano doctrinario, este mecanismo ha sido cuestionado por su carácter excepcional y por los riesgos que implica para el control judicial.

En cuarto lugar aparece la dificultad de acreditar la “gravedad institucional”, condición indispensable para la admisibilidad del recurso. Si bien el Gobierno advierte sobre un supuesto avance del Poder Judicial sobre el Legislativo y menciona riesgos de “anarquía”, la Corte Suprema ha aplicado históricamente este criterio con extrema restricción. Incluso en casos de alta repercusión pública, como el antecedente del Grupo Clarín, el tribunal optó por esperar la intervención de instancias intermedias antes de pronunciarse.

Un planteo con debilidades

Por último, el propio recurso oficial enumera cuestionamientos al fallo de primera instancia que, paradójicamente, refuerzan la necesidad de una revisión ordinaria previa. Entre ellos se menciona un supuesto fallo extra petita —al haberse suspendido artículos no solicitados—, la identidad entre la medida cautelar y el objeto de la demanda principal, en aparente contradicción con la Ley 26.854, y la pretensión de otorgar efectos erga omnes a la decisión. Sobre este último punto, el Estado invoca el precedente “Thomas” de la Corte Suprema (Fallos: 333:1023), que limita la posibilidad de que un juez suspenda una ley con alcance general.

En este contexto, la principal debilidad del planteo radica en su propia naturaleza: se trata de una herramienta excepcionalísima. Si la Corte entiende que existen vías ordinarias aptas para resolver el conflicto o que la cuestión de competencia aún no está firme, podría rechazar el recurso sin ingresar al análisis de fondo sobre la suspensión de la reforma laboral.